Abogado para recurrir el grado de discapacidad en Madrid

En San Miguel Loyola Abogados revisamos resoluciones de reconocimiento, denegación, revisión o reducción del grado de discapacidad. Analizamos si la Administración ha valorado correctamente la documentación médica, las limitaciones funcionales, las restricciones en la participación, las barreras y, en su caso, la movilidad reducida o la necesidad de apoyo de tercera persona.

No todos los casos deben reclamarse del mismo modo. Una reclamación eficaz no puede limitarse a decir que la persona tiene una patología o diagnóstico. Debe explicar por qué la valoración administrativa no refleja adecuadamente el impacto real de la situación en la vida diaria, la autonomía, la movilidad, la actividad laboral o la participación social.

Si no está conforme con el grado de discapacidad reconocido, lo primero es comprobar la fecha exacta de notificación. A partir de ahí debe revisarse si existe plazo para reclamar, solicitar o examinar el expediente administrativo, analizar el dictamen técnico-facultativo y comparar la resolución con los informes médicos, funcionales y sociales disponibles.

En términos generales, frente a resoluciones de reconocimiento o revisión del grado de discapacidad puede formularse reclamación previa a la vía jurisdiccional social conforme al RD 888/2022 y la LRJS. El RD 888/2022 prevé expresamente la reclamación previa frente a resoluciones de reconocimiento y revisión del grado de discapacidad, remitiendo al artículo 71 LRJS. La LRJS establece que la entidad debe contestar en 45 días y que la demanda debe presentarse en 30 días desde la denegación expresa o presunta, aunque el cómputo concreto debe verificarse siempre con la notificación y el expediente.

Sí. Las resoluciones sobre reconocimiento o revisión del grado de discapacidad pueden impugnarse. Ahora bien, antes de reclamar debe comprobarse el plazo, la fecha de notificación, el contenido de la resolución, el dictamen técnico-facultativo y la documentación que obra en el expediente.

La clave no está solo en discrepar del porcentaje reconocido. La reclamación debe explicar por qué la valoración administrativa es incompleta, insuficiente o incorrecta a la vista de los baremos aplicables, los informes disponibles y la repercusión funcional de la situación de la persona.

El RD 888/2022 exige que el dictamen propuesta incluya, entre otros extremos, el grado de discapacidad, las puntuaciones obtenidas con los baremos, los códigos de diagnóstico, deficiencias, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación, barreras ambientales y, en su caso, las puntuaciones relativas a necesidad de tercera persona o dificultades de movilidad. Esto convierte el dictamen en una pieza central de cualquier reclamación.

El 33% de discapacidad tiene una importancia práctica evidente, porque suele operar como umbral para acceder a determinados derechos, beneficios, medidas de apoyo o condiciones específicas. Pero la reclamación no debe plantearse como una petición genérica de "llegar al 33%".

La estrategia debe centrarse en acreditar, con documentos y razonamiento técnico, que la valoración administrativa no ha reflejado correctamente la situación real. Dos personas con un diagnóstico parecido pueden tener grados distintos si son diferentes sus limitaciones funcionales, sus barreras, su autonomía, su movilidad o su participación social.

Por eso, antes de reclamar, conviene revisar si el expediente contiene todos los informes relevantes y si el dictamen ha aplicado correctamente los baremos. El RD 888/2022 contempla la valoración de deficiencias, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación y factores contextuales, de modo que una reclamación bien construida debe ir más allá del diagnóstico clínico.

Una reducción del grado de discapacidad tras una revisión puede tener consecuencias relevantes. Puede afectar a beneficios, apoyos, tarjeta acreditativa, movilidad, acceso a determinadas medidas o expectativas previamente consolidadas.

En estos casos, es especialmente importante comparar la resolución anterior con la nueva. Debe analizarse qué ha cambiado, qué informes se han valorado, qué motivación ofrece la Administración y si la reducción se apoya en una modificación real de las circunstancias.

El RD 888/2022 permite la revisión del grado cuando se prevea una modificación de las circunstancias, en la fecha prevista en la resolución o, en determinados casos, a instancia de la persona interesada. También contempla la posibilidad de revisión por cambios sustanciales o error cuya corrección implique un cambio en el grado reconocido. Por ello, una bajada del grado no debe aceptarse automáticamente si no está suficientemente justificada.

En San Miguel Loyola Abogados nos ocupamos de asuntos de discapacidad desde Madrid. Nuestro enfoque combina el análisis jurídico del expediente administrativo con la revisión detallada de la documentación clínica y funcional, lo que nos permite construir reclamaciones técnicamente fundamentadas.

Valoramos la viabilidad del asunto antes de comprometer al cliente en ninguna actuación. No formulamos reclamaciones previas ni demandas sin antes haber analizado la resolución, el dictamen técnico, la fecha de notificación y la documentación disponible.

Si tiene su domicilio en Madrid o si el procedimiento de discapacidad está gestionado por la Comunidad de Madrid, podemos estudiar su asunto y orientarle sobre las opciones disponibles.

El baremo de discapacidad establecido en el RD 888/2022 es un sistema de valoración complejo que combina la evaluación de deficiencias, las limitaciones en la actividad, las restricciones en la participación y los factores contextuales. El resultado final no depende únicamente del diagnóstico, sino de cómo cada uno de estos factores se pondera e interactúa en el caso concreto.

Dos personas con una misma patología pueden obtener porcentajes muy distintos en función de su situación funcional real, su entorno, su autonomía y las barreras que enfrentan. Por eso no existen estrategias de reclamación estándar que funcionen en todos los casos.

Además, la reclamación previa condiciona el proceso judicial. Una mala formulación en la vía administrativa puede limitar las posibilidades de éxito en sede judicial. Por ello, cada asunto debe analizarse de forma individualizada antes de decidir cómo actuar, con qué documentación y en qué momento.