Reclamación previa por grado de discapacidad

La reclamación previa es un paso esencial cuando una persona no está conforme con una resolución administrativa sobre su grado de discapacidad. Puede ser necesaria cuando se ha reconocido un porcentaje inferior al solicitado, cuando no se alcanza el 33%, cuando se ha reducido el grado tras una revisión o cuando no se han valorado correctamente elementos como la movilidad reducida o la necesidad de apoyo de tercera persona.

No debe tratarse como un simple formulario. La reclamación previa condiciona la estrategia posterior y puede ser decisiva si el asunto termina ante el Juzgado de lo Social. Por eso debe prepararse revisando la resolución, el dictamen técnico-facultativo, el expediente administrativo y la documentación médica, funcional o social disponible.

En San Miguel Loyola Abogados revisamos resoluciones sobre grado de discapacidad y preparamos reclamaciones previas orientadas a construir una impugnación técnicamente fundada, prudente y adaptada al expediente concreto.

La reclamación previa es el escrito que se presenta frente a una resolución administrativa de discapacidad antes de acudir, en su caso, a la vía judicial social. El RD 888/2022 prevé expresamente la reclamación previa a la vía jurisdiccional social frente a resoluciones sobre reconocimiento y revisión del grado de discapacidad, remitiendo al artículo 71 de la LRJS.

En la práctica, la reclamación debe explicar qué resolución se impugna, por qué se considera incorrecta, qué aspectos del dictamen se discuten y qué documentación acredita una valoración distinta. El plazo debe calcularse siempre desde la notificación concreta de la resolución.

La reclamación previa puede ser necesaria cuando la persona no está conforme con una resolución sobre reconocimiento, declaración, calificación o revisión del grado de discapacidad. La LRJS atribuye al orden jurisdiccional social las materias relativas a valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, por lo que la reclamación previa debe prepararse pensando también en una eventual demanda ante el Juzgado de lo Social.

Con carácter general, la LRJS regula la reclamación administrativa previa en el artículo 71. La norma contempla el plazo de treinta días para formular reclamación previa desde la notificación de la resolución expresa o desde que deba entenderse producido el silencio administrativo, así como el plazo de cuarenta y cinco días para que la entidad conteste y el posterior plazo de treinta días para formular demanda tras la denegación expresa o presunta.

Dicho esto, el plazo no debe calcularse de memoria. Debe verificarse siempre con la resolución concreta.

Una reclamación previa por grado de discapacidad debe ser clara, individualizada y coherente con el expediente. No basta con manifestar disconformidad con el porcentaje reconocido. El RD 888/2022 prevé que el dictamen propuesta incluya elementos como el grado de discapacidad, puntuaciones obtenidas con los baremos, códigos de diagnóstico, deficiencias, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación, barreras ambientales y, en su caso, puntuaciones sobre necesidad de tercera persona o movilidad reducida. Por eso, el dictamen técnico es una pieza central de la reclamación.

Un modelo genérico puede servir como orientación formal, pero rara vez basta para defender bien un expediente. Cada reclamación debe adaptarse a la resolución concreta, al dictamen técnico y a la documentación disponible.

Una reclamación previa débil suele limitarse a afirmar que la persona no está conforme. Una reclamación previa bien preparada identifica los puntos discutibles de la valoración administrativa y explica por qué el resultado no refleja adecuadamente la situación real.

Si la Administración desestima la reclamación previa, expresa o presuntamente, puede abrirse la posibilidad de presentar demanda ante el Juzgado de lo Social. La LRJS regula la reclamación previa y los plazos posteriores para demandar.

La demanda judicial no debe improvisarse después. En muchos casos, la estrategia judicial debe prepararse desde la reclamación previa, porque lo que se alegue en esa fase puede condicionar el debate posterior.

Por eso, antes de presentar la reclamación, conviene plantearse:

Cuando la resolución reconoce un grado inferior al 33%, la reclamación debe explicar por qué la valoración administrativa no refleja correctamente la situación de la persona.

El 33% tiene relevancia jurídica porque la Ley General de derechos de las personas con discapacidad considera personas con discapacidad a quienes tengan reconocido un grado igual o superior al 33%, sin perjuicio de otros supuestos legalmente previstos.

La estrategia no debe limitarse a pedir "que se reconozca el 33%". Debe apoyarse en el expediente, los baremos, los informes y la afectación funcional real.

Cuando la Administración reduce un grado previamente reconocido, la reclamación debe comparar la situación anterior con la actual. En estos casos, la pregunta central es si existe una modificación real y suficientemente acreditada que justifique la bajada del porcentaje.

San Miguel Loyola Abogados puede revisar resoluciones dictadas en procedimientos tramitados en Madrid y preparar reclamaciones previas frente a resoluciones de discapacidad insuficientes, denegatorias o perjudiciales.