Si la Generalitat Valenciana le ha denegado el 33 %, le ha reconocido un porcentaje inferior al que corresponde o le ha reducido el grado, lo primero es comprobar cuándo se le notificó la resolución. Estudiamos la resolución, el dictamen y los informes del expediente y le decimos con franqueza si hay base para reclamar.
Para empezar, indíquenos
El porcentaje reconocido y la fecha de notificación de la resolución.
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Sí. Contra las resoluciones de reconocimiento y de revisión del grado cabe una reclamación previa a la vía jurisdiccional social (art. 13 del Real Decreto 888/2022, que remite al art. 71 de la Ley reguladora de la jurisdicción social). Se presenta ante el órgano que dictó la resolución y, si se desestima de forma expresa o por silencio, puede valorarse la demanda ante el Juzgado de lo Social. Lo primero que debe comprobarse es la fecha de notificación, porque el plazo general para reclamar es de 30 días.
El porcentaje reconocido queda por debajo del umbral legal o se deniega el reconocimiento. Revisamos si el dictamen recoge las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación que constan en los informes, y si se han valorado todos los documentos.
Tiene reconocido un grado, pero inferior al que corresponde a sus limitaciones reales (por ejemplo, un 29 % o un 45 %). Comparamos las puntuaciones del dictamen con la documentación médica y funcional para ver dónde puede discutirse la valoración.
Cuando la revisión baja el porcentaje conviene comparar la resolución anterior con la nueva: qué circunstancias han cambiado, qué informes se valoraron y cómo se motiva la reducción.
El dictamen valora por separado la necesidad del concurso de otra persona y las dificultades de movilidad para utilizar transportes públicos colectivos. Analizamos si esas puntuaciones reflejan sus limitaciones y qué documentación las respalda.
Informes no valorados, exploración incompleta, baremos mal aplicados o resoluciones sin motivación suficiente. Cada fallo tiene que poder demostrarse con el expediente y la prueba disponible.
La valoración técnica se rige por el Real Decreto 888/2022, que fija los baremos estatales, pero el reconocimiento y la revisión del grado corresponden a las comunidades autónomas (art. 5). En la Comunitat Valenciana los tramita la Generalitat a través de sus centros de valoración y orientación de la discapacidad y las direcciones territoriales de Valencia, Alicante y Castellón, según el domicilio de la persona.
La Generalitat publica dos procedimientos distintos: el de reconocimiento inicial (G376) y el de revisión del grado (G2554). Contra la resolución de cualquiera de ellos cabe reclamación previa; la ficha de la Generalitat indica que no agota la vía administrativa y que se presenta ante la dirección territorial competente.
La Generalitat debe notificar la resolución junto con el dictamen propuesta (art. 9.1 del Real Decreto 888/2022). Es el documento clave: contiene el grado y las puntuaciones de cada baremo. En la documentación antigua o en la práctica se le llama también dictamen técnico-facultativo.
Contra las resoluciones de reconocimiento y de revisión del grado cabe reclamación previa a la vía jurisdiccional social (art. 13 del Real Decreto 888/2022, que remite al art. 71 LRJS). No es un recurso de alzada: se presenta ante el órgano que dictó la resolución, que según la Generalitat es la dirección territorial competente.
Debe contestar en 45 días. Si no lo hace, la reclamación se entiende denegada por silencio (art. 71.5 LRJS).
Si se mantiene la resolución, expresa o por silencio, se dispone de 30 días para formular demanda (art. 71.6 LRJS). Lo alegado y probado en la fase previa condiciona la fase judicial.
La regla general del art. 71 LRJS (apartados 2, 5 y 6) es esta: 30 días para presentar la reclamación previa desde la notificación de la resolución expresa o desde que deba entenderse producido el silencio; 45 días para que la Administración conteste, con denegación por silencio si no lo hace; y 30 días para presentar la demanda desde la denegación expresa o presunta.
Los plazos deben calcularse teniendo en cuenta la fecha y la forma de notificación, las reglas sobre días hábiles y las particularidades del procedimiento. En la vía administrativa los plazos por días son, por regla general, hábiles, sin sábados, domingos ni festivos (art. 30.2 de la Ley 39/2015); para la demanda rigen los días hábiles procesales, y agosto y del 24 de diciembre al 6 de enero son inhábiles, con excepciones (art. 43.4 LRJS). Una notificación electrónica puede entenderse rechazada a los diez días naturales de ponerse a su disposición sin acceder a ella (art. 43.2 de la Ley 39/2015). Un error en el cómputo puede comprometer la reclamación. Por eso recomendamos revisar la resolución desde el momento de su recepción, sin esperar a los últimos días, y, ante cualquier duda, contar de la forma más desfavorable.
Reunir el expediente, los informes y redactar bien la reclamación lleva tiempo: consúltenos desde que reciba la resolución.
El máximo es de seis meses desde la solicitud (art. 9.1 del Real Decreto 888/2022); la Generalitat informa de que se reduce a tres meses por la Ley 9/2016 (art. 3.1 y anexo, letra h). La Administración debe resolver de todos modos.
Solicitud inicial: si la Generalitat Valenciana no resuelve su solicitud dentro del plazo establecido, no debe dar por hecho que tiene reconocido el grado solicitado. La información administrativa contempla efectos desestimatorios, aunque existen particularidades normativas (Ley 9/2016, art. 3.2; Ley 39/2015, art. 24) que pueden requerir un análisis individualizado. Revisión del grado: la Generalitat indica que queda confirmado el grado que se pretendía revisar y, si la Administración no revisa en plazo por causas ajenas a usted, el grado reconocido se mantiene hasta que haya una nueva resolución (art. 12.4 del Real Decreto 888/2022). Reclamación previa: sin respuesta en 45 días se entiende denegada (art. 71.5 LRJS). Si ha transcurrido el plazo sin recibir resolución, conviene estudiar el expediente para determinar qué actuaciones proceden y evitar que transcurran otros plazos relevantes.
Dejar pasar un plazo puede cerrar la vía para impugnar esa resolución concreta. Solicitar después una revisión del grado (art. 12 del Real Decreto 888/2022) es un procedimiento distinto, no un recurso contra la resolución ya notificada, y la normativa revisada no prevé que interrumpa el plazo para reclamar: no lo utilice como sustituto.
Para empezar basta con el porcentaje reconocido y la fecha de notificación. No envíe documentación médica por el formulario ni por canales que no sean seguros: le indicaremos cómo hacerlo cuando valoremos su caso. Tampoco puede asegurarse que un informe médico, por sí solo, determine un porcentaje concreto.
No presentamos escritos genéricos. Antes de reclamar revisamos qué baremos se han aplicado, qué datos del expediente respaldan la reclamación y cuáles son las posibilidades reales. La dirección jurídica del asunto corresponde a los abogados responsables del despacho; Daniel San Miguel Manso mantiene su dedicación a los procedimientos de grado de discapacidad e incapacidad permanente.
Identificamos el acto, la fecha de notificación, el porcentaje y la urgencia. Es lo primero porque condiciona el plazo.
Examinamos el expediente, el dictamen, los baremos y la documentación médica y funcional, y le explicamos con claridad las posibilidades reales y la propuesta de honorarios antes de iniciar actuaciones.
Si hay fundamento y se formaliza el encargo, preparamos un escrito individualizado que identifique qué se discute y con qué prueba.
Si la Administración mantiene la resolución, valoramos la demanda ante el Juzgado de lo Social y la prueba pericial o documental necesaria.
¿Su resolución es del INSS y no de la Generalitat? Entonces se trata de una pensión de incapacidad permanente, no del grado de discapacidad: consulte en qué se diferencian. Para profundizar en la fase previa, puede leer nuestra guía sobre la reclamación previa por grado de discapacidad.
Atendemos en nuestra sede de Valencia mediante cita previa. El personal de la oficina gestiona las citas y recibe la documentación; el estudio y el asesoramiento jurídico los realizan los abogados del despacho. Cuando el asunto lo requiere, los abogados responsables se desplazan a Valencia.
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Fuentes consultadas el . Esta información es orientativa y no sustituye el estudio de su caso concreto ni constituye garantía de resultado.
Indíquenos el porcentaje reconocido y la fecha de notificación. Estudiaremos la naturaleza del asunto y le explicaremos los pasos para valorar su viabilidad.
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