Alegaciones y recursos contra actas de infracción de la Inspección de Trabajo

El acta de infracción es el documento en el que el inspector o subinspector recoge los hechos que ha comprobado, la infracción que considera cometida y la sanción que propone. Es un documento público y los hechos que constata, cumpliendo los requisitos legales, gozan de presunción de certeza salvo prueba en contrario (art. 15 del RD 928/1998). Pero no impone la sanción: la impone, en su caso, la resolución del órgano competente, después de un trámite en el que usted puede defenderse.

Esta página se centra en esa fase: qué hacer con el acta ya recibida. Si todavía se encuentra en una visita, una citación o un requerimiento, o busca una visión de conjunto de la actuación inspectora, consulte la página sobre defensa de empresas ante la Inspección de Trabajo.

El art. 14.1 del RD 928/1998 enumera el contenido del acta. Léala con esta lista delante:

El día de la notificación no cuenta: el plazo empieza al día siguiente (art. 30.3 de la Ley 39/2015). Se excluyen sábados, domingos y festivos, y si el último día es inhábil el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente (art. 30.5). Los calendarios de festivos pueden diferir entre su municipio y la sede del órgano; si hay duda, conviene contar siempre por el cómputo más corto. El art. 22 del RD 928/1998 remite al régimen de la Ley 39/2015 para el cómputo y las notificaciones.

Depende de cómo se le haya notificado. Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración (art. 14.2.a de la Ley 39/2015). Una notificación electrónica se entiende practicada cuando usted accede a su contenido y, si la notificación electrónica es obligatoria, se entiende rechazada cuando pasan diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceder (art. 43.2). No deje una notificación sin abrir: el trámite puede tenerse por efectuado y el plazo seguir corriendo aunque usted no la haya leído. Si la notificación presenta defectos (por ejemplo, no indica el plazo o el órgano ante el que alegar), sus efectos deben valorarse con el documento delante.

Ante el órgano instructor que indica el acta (art. 14.1.f). En el ámbito de la Administración General del Estado, la instrucción corresponde a la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad Social (art. 18 bis.1); en las comunidades autónomas con competencia en ejecución de la legislación laboral, a los órganos que cada una determine (art. 4.2). Las sociedades deben presentarlo por medios electrónicos. Si actúa a través de un representante, debe acreditarse la representación (art. 5 de la Ley 39/2015).

No se exige presentar documentos originales (art. 53.1.c de la Ley 39/2015) ni documentos que ya obren en poder de la Administración (art. 53.1.d).

El acta puede considerarse propuesta de resolución (art. 17.1) y el procedimiento sigue hasta la resolución, con un trámite de audiencia previo (art. 18.2). No pierde el derecho a recurrir la resolución, pero sí la oportunidad de introducir hechos y prueba en el momento más favorable, lo que puede dificultar la defensa posterior.

Tampoco se aplica este reglamento a la corrección de infracciones de prevención de riesgos laborales en el ámbito de las Administraciones públicas, que tiene su propio régimen (art. 3.4 del RD 928/1998). Por todo ello, no traslade automáticamente el plazo de quince días a otro documento: cada notificación debe leerse por sí misma.

Sí, pero con una precisión técnica: el acta es la propuesta con la que se inicia el procedimiento, y se combate mediante alegaciones y prueba ante el órgano instructor. Lo que se recurre, en alzada y luego en vía judicial, es la resolución que ponga fin al procedimiento. Las posibilidades reales de defensa dependen de qué se discute, y la clave está en la presunción de certeza.

Los hechos constatados por los inspectores que se formalizan en las actas, observando los requisitos legales, tienen presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que los interesados puedan aportar en defensa de sus derechos o intereses (art. 23 de la Ley 23/2015). La misma regla se recoge en el art. 15 del RD 928/1998, en el art. 77.5 de la Ley 39/2015 y, para el proceso social, en el art. 151.8 de la Ley 36/2011. No es una presunción irrefutable, y su ámbito se limita a los hechos constatados. Conviene distinguir tres planos:

La resolución puede confirmar, modificar o dejar sin efecto la propuesta del acta (art. 20.1), y debe acordar la anulación del acta cuando carezca de los requisitos imprescindibles para alcanzar su fin o genere indefensión no subsanada. En la práctica, los resultados posibles van desde el archivo hasta la confirmación, pasando por la recalificación de la infracción o la reducción de la sanción. Qué es razonable esperar depende de:

Estos son los argumentos jurídicos que se examinan con más frecuencia al estudiar un acta. Para cada uno se indica qué debe acreditarse y cuáles son sus límites. Ninguno es automático: su alcance depende del caso, de la prueba y de la norma aplicable.

Los hechos relevantes pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho (art. 77.1 de la Ley 39/2015). En la práctica, la prueba que mejor funciona es la contemporánea a los hechos, con fecha cierta y que no dependa de la memoria de quien la presenta. Lo más prudente es aportarla con el escrito de alegaciones: el instructor puede abrir un período de prueba de diez a treinta días cuando no tiene por ciertos los hechos alegados (art. 77.2) y sólo puede rechazar las pruebas manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada (art. 77.3), pero no conviene contar con ello.

No hay una respuesta universal. Son decisiones excluyentes que deben tomarse dentro del mismo plazo, y una vez adoptada la de pagar, la norma impide después alegar y recurrir en vía administrativa. Por eso conviene estudiar el acta antes de decidir.

La reducción del 40 % no se aplica a las sanciones propuestas en actas de infracción concurrentes con actas de liquidación por los mismos hechos (art. 14.6). En ese caso, si el sujeto da su conformidad a la liquidación, ingresando su importe en plazo, las sanciones por los mismos hechos se reducen automáticamente al 50 %, siempre que la cuantía de la liquidación supere la de la sanción propuesta inicialmente (art. 34.2; art. 40.3 de la LISOS). La conformidad con la liquidación tiene efectos propios sobre la posibilidad de discutir la deuda. El régimen completo se explica en actas de infracción y de liquidación concurrentes.

Pagar o no pagar también puede afectar a otras cuestiones: reclamaciones de los trabajadores, liquidaciones de cuotas, acceso a ayudas o bonificaciones, y eventuales actuaciones penales. Por eso conviene tomar la decisión con el acta, el expediente y la situación de la empresa sobre la mesa, no por simple comparación de cifras.

Si el órgano competente dicta una resolución sancionadora, se abre otra fase con plazos distintos. Lo primero es leer el pie de recursos: la resolución debe indicar los recursos que caben, el órgano ante el que presentarlos y el plazo (art. 21.1 del RD 928/1998).

No todo acta sancionadora se impugna en el mismo orden jurisdiccional:

Corresponde al orden social la impugnación de las resoluciones sancionadoras en materia laboral y sindical (art. 2.n de la Ley 36/2011) y de los actos administrativos en materia de Seguridad Social, incluidos los dictados en el ejercicio de la potestad sancionadora, con la excepción de los que enumera el art. 3.f (art. 2.s).

El art. 3.f excluye del orden social, entre otros, los actos de liquidación de cuotas, las actas de liquidación y las actas de infracción vinculadas con dicha liquidación y los actos de gestión recaudatoria. En esos casos corresponde el orden contencioso-administrativo, como recoge también el art. 33.3 del RD 928/1998 para las resoluciones liquidatorias. Calificar correctamente el acto determina el órgano judicial y el plazo, y un error puede suponer perder la acción: debe comprobarse en cada caso.

En el proceso social, los hechos constatados en las actas con los requisitos legales conservan presunción de certeza, sin perjuicio de la prueba en contrario (art. 151.8 de la Ley 36/2011), y pueden comparecer como parte los trabajadores afectados y otros interesados (art. 151.5).

Mientras quepa recurso de alzada, la resolución sancionadora no es ejecutiva (art. 98.1.b de la Ley 39/2015; art. 90.3). Las sanciones firmes en vía administrativa son inmediatamente ejecutivas (art. 24.1 del RD 928/1998). En las sanciones impuestas por la Administración General del Estado, salvo las de Seguridad Social, el plazo de ingreso voluntario es de treinta días desde el siguiente a la fecha de notificación de la resolución, y si se recurre en alzada se concede, en su caso, un nuevo plazo de quince días en la resolución del recurso (art. 25.1.b). La falta de ingreso en plazo conlleva recargo de apremio e intereses (art. 21.1.c); las sanciones de Seguridad Social se hacen efectivas a través de la Tesorería General (art. 25.2).

Como regla general, interponer un recurso no suspende la ejecución del acto impugnado, pero el órgano competente puede acordar la suspensión, de oficio o a solicitud del recurrente, si la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o si el recurso se funda en una causa de nulidad de pleno derecho (art. 117 de la Ley 39/2015), y puede exigir garantía. Cuando la resolución sea ya ejecutiva, puede solicitarse su suspensión cautelar si se manifiesta la intención de recurrir en vía contencioso-administrativa (art. 90.3). En el proceso judicial pueden solicitarse las medidas cautelares que procedan; su concesión corresponde al órgano judicial.

Una sanción firme ya no puede impugnarse, se ejecuta, y puede computarse a efectos de reincidencia si se comete una infracción del mismo tipo y calificación en los 365 días siguientes a la notificación (art. 14.5 del RD 928/1998). Dejar pasar los plazos sin actuar equivale, por tanto, a aceptar el acto.

Si el funcionario actuante considera que los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo comunica al jefe de la Inspección; si éste aprecia la concurrencia de ilícito penal, lo traslada al órgano competente para resolver, que acordará, en su caso, la remisión del expediente al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador por los mismos hechos hasta que concluya la vía penal (art. 5 del RD 928/1998; art. 3.2 de la LISOS). Esa comunicación no afecta al cumplimiento inmediato de la paralización de trabajos ni a la eficacia de los requerimientos (art. 5.2). Una vez resuelta, los hechos declarados probados por sentencia penal firme vinculan a la Administración (art. 77.4 de la Ley 39/2015). La vía penal es distinta de la administrativa y se rige por sus propios elementos: consulte defensa penal de empresas si los hechos apuntan en esa dirección.

Podemos encargarnos de su procedimiento concreto: desde que recibe el acta hasta que, si procede, se impugna judicialmente la resolución. El alcance de cada encargo se define con usted al comienzo.

Puede solicitar nuestros servicios para un único procedimiento, sin necesidad de contratar asesoramiento jurídico permanente. Y puede hacerlo después de haber recibido el acta, con el plazo ya corriendo; cuanto antes se nos consulte, más margen hay para preparar la prueba.

No hace falta enviar el expediente completo en el primer contacto. Si procede aportar documentación, le indicaremos cómo hacerlo.

San Miguel Loyola Abogados es un despacho con sede en Madrid (C/ de la Infanta Mercedes 105, 2º C, 28020) y actuación en toda España. Su dirección profesional corresponde a D. Daniel San Miguel Manso (codirector) y D. José Alberto Pérez Álvarez (socio director), abogados del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), con el apoyo del equipo jurídico del despacho. Puede conocerlos en la página El equipo.

San Miguel Loyola Abogados presta asesoramiento y defensa jurídica a particulares, trabajadores y empresas. La aceptación de cada encargo está sujeta a la comprobación previa de posibles conflictos de intereses y al cumplimiento de las obligaciones de independencia, lealtad y secreto profesional establecidas en la normativa deontológica de la Abogacía. No prometemos resultados: que un acta se archive, la sanción se reduzca o una resolución se anule depende de los hechos, de la prueba y del derecho aplicable.